Guatemala, la CICIG y el colombiano Iván Velásquez: mucho ruido y pocas nueces…

El 27 de agosto pasado el exprocurador antioqueño Iván Velásquez volvió a ser noticia en la prensa mundial por ser declarado persona non grata por el presidente de Guatemala Jimmy Morales. Velásquez, al que en Colombia muchos recuerdan como un personaje de lo más nefasto – defensor encubierto de los terroristas de las FARC y el ELN quien tuvo que huir de Colombia a causa del “expediente alcantarilla”, - mientras que otros tantos lo recuerdan como “luchador contra la parapolítica” colombiana, desde octubre del 2013 funge como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La prensa mundial, en su mayoría, malinforma a su público – que a veces ni siquiera tiene la idea de dónde queda Guatemala – asegurando que la decisión del presidente guatemalteco de expulsar a Velásquez tiene el rechazo de toda la sociedad guatemalteca y la resolución de la Corte de Constitucionalidad de declarar la nulidad de esta decisión presidencial goza del apoyo total de la población y de opinión pública. Con esta mentira los medios de comunicación caen en la trampa tendida por un grupo de comunicadores y políticos guatemaltecos quienes hacen creer que tanto la CICIG como su comisionado no solo son apoyados por los guatemaltecos, sino que son la panacea contra la grave enfermedad que achaca el país: la corrupción.

La CICIG fue creada y ratificada hace 10 años, en agosto del 2007, por un acuerdo entre las Naciones Unidas y el Congreso de Guatemala, con el beneplácito de la presidencia de la república centroamericana, y funciona con los fondos de los países “donantes” (principalmente la Unión Europea y los EE.UU) con los ÚNICOS tres objetivos, establecidos en el Acuerdo en la ONU y Guatemala, centrados en la lucha contra los “cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad”: investigar, colaborar con la desarticulación y hacer recomendaciones al Estado de Guatemala en políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad.

Hasta la fecha la CICIG, esta organización paragubernamental que opera al margen de la Constitución del país, ha tenido tres jefes. Lo curioso del caso es la historia de los tres comisionados.

Primero, el español Carlos Castresana quien resultó ser un infame mujeriego y misógino y quien, cual un mandril, se dejaba llevar por sus instintos más bajos en vez de cumplir con sus deberes. Fue denunciado en México por su exesposa por violencia familiar. Al fin, este nefasto personaje entró a Guatemala como pedro por su casa, destrozó la casa ajena y tuvo que huir por la ventana con la cola entre las patas. Ahora ha quedado en el olvido y nunca más se ha sabido de él.

Después llegó el costarricense Francisco Dall’Anese, otro mediocre exfiscal, quien, siendo el comisionado en Guatemala, fue denunciado en Costa Rica por haber utilizado a los testigos falsos y pruebas inconsistentes en varios casos penales. Al igual que su predecesor, el tico había entrado por la puerta grande a la casa ajena, la desordenó y se fue corriendo como un vil malhechor (lo que fue, en realidad). Ambos comisionados, el español y el costarricense, utilizaron sus influencias para no responder ante la justicia por sus actos denunciados en México y en Costa Rica respectivamente.

Pero la CICIG y su patrocinadora, la ONU, creen que cualquier mezquino vale para Guatemala. Ahora Iván Velásquez, quien fue investigado y acusado en su natal Colombia – país igual de sufrido por el terrorismo que Guatemala – por supuestas irregularidades en las investigaciones contra el paramilitarismo cuando era magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia en Bogotá. Aun recordamos las escuchas ilegales, la famosa “borrachera” con unos posibles testigos, la sustracción de los documentos confidenciales por parte de Velásquez quien se victimizó al presentar una justificación ridícula y nefasta (“sustrajo el expediente con el fin de hacer su copia para la memoria histórica”).

El Acuerdo con la ONU establece, entre numerosas libertades de la CICIG y su personal, que “el Comisionado disfrutará de los privilegios e inmunidades, exenciones y facilidades otorgados a los agentes diplomáticos de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961”. Dicho de otra manera, el jefe de la CICIG goza del pasaporte, estatus y beneficios diplomáticos, incluyendo los derechos y las obligaciones descritas en la Convención de Viena.

Aquí viene un gran “pero”: la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas establece las funciones, los derechos y las obligaciones del personal precisamente diplomático, a saber: personas que representan un Estado soberano ante otro Estado soberano. A este efecto apelan los que insisten en que Jimmy Morales se extralimitó en sus funciones al declarar a Velásquez persona non grata, aduciendo que este último no es representante de ningún Estado soberano.

Sin embargo, si consideramos que estos defensores del comisionado de la CICIG tienen la razón, entonces, debemos considerar que no se le debe aplicar dicha Convención por no tratarse de un representante de un Estado soberano y, entonces, no se le deben aplicar los beneficios, derechos ni obligaciones diplomáticas.

En este caso debería ser nulo el Acuerdo de la creación de la CICIG (porque contiene puntos de referencia a las convenciones internacionales imposibles de aplicar) o, bien, se le debería tratar al comisionado y al personal de la CICIG como personas comunes y corrientes ya que la CICIG no es representación diplomática ni estrictamente una institución de la ONU. Me inclino por esta última posibilidad debido a que parte de la lógica. Pero, como sabemos, hecha la ley, hecha la trampa. Y aquí vemos varias trampas, pero hasta ahora todas ellas han beneficiado la CICIG y no el Estado de Guatemala ni su gobierno.

Se suponía, entonces, que desde el 2007 la CICIG ayudara en Guatemala a combatir el crimen organizado que sigue acosando el país con sus cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad: las maras (pandillas organizadas, el peor de los males de Guatemala, Honduras y El Salvador) y los grupos de delincuencia organizada disfrazados de organizaciones campesinas, de maestros y otros, que siguen amedrentando a la población con cierres de las vías públicas, los robos de la energía eléctrica, asaltos a la propiedad privada y asesinatos de los campesinos, empresarios y trabajadores que no ceden a sus chantajes (de algunos de estos casos más sonados escribí hace unos años en este espacio)

No obstante, la CICIG no solo nunca ha investigado las maras ni la delincuencia organizada armada, sino se ha venido convirtiendo prácticamente en aquello contra lo que debería luchar. Se ha atribuido las funciones de un poder paralelo, por encima de la Constitución de Guatemala y de sus poderes políticos, con el apoyo de los ya mencionados exguerrilleros. Ha llegado a amenazar y a exigir a los jueces, a los magistrados y a los diputados para que aprobaran las decisiones convenientes para las ONG de la exguerrilla. Es más, en 10 años que la CICIG opera en Guatemala y “apoya al Ministerio Público en sus investigaciones” ni un solo caso ha sido concluido y llevado al juicio.

De esta manera, la CICIG e Iván Velásquez, quien siempre ha apoyado las FARC, a Chávez y a los Castro, se han convertido en los aliados más íntimos de la frustrada guerrilla guatemalteca, disfrazada ahora de los “defensores de los derechos humanos” pero cuyo objetivo principal es la venganza contra el ejército y contra cualesquiera quienes luchaban contra ellos durante el Conflicto Armado y quienes no ceden ante sus chantajes actuales.

Es más que obvio que el Estado de Guatemala es débil, prácticamente fallido en muchos aspectos, plagado de corrupción, nepotismo y clientelismo, al igual que la abrumadora mayoría de los países latinoamericanos. Pero es tarea del propio Estado de Guatemala reforzar sus instituciones, luchar contra la corrupción y la criminalidad en los órganos de gobierno. Pero el papel de la CICIG no es hacer las veces del Ministerio Público ni luchar contra la corrupción, sino que limita el papel de esta Comisión.

Es tarea de Guatemala, y no de la ONU ni de los otros países, de cambiar sus leyes para que sea un Estado de Derecho. Es tarea del Ministerio Público y del poder judicial guatemalteco, y no de la CICIG, investigar y castigar a los responsables de los delitos económicos y políticos. No le compete a los comisionados de la CICIG emitir sus juicios de valor sobre el gobierno del Estado, sus representantes y familiares – por más corruptos que resulten ser - y declararlos culpables sin haber terminado la investigación.

La CICIG e Iván Velásquez, mucho ruido y pocas nueces…

Publicado originalmente en Minuto30

Libertarian. University professor. Columnist at Minuto30.com (Colombia), radio show Liberpraxis host and producer (Guatemala). I write in Eng, Spa & Rus here

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